El Tribunal de Estrasburgo condena a Francia por la expulsión de gitanos de 2004.

Tras nueve años de proceso judicial, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre de Estrasburgo ha condenado a Francia por el desmantelamiento de un campamento de franceses nómadas, mayoritariamente gitanos, en Herblay (Val d’Oise), en 2004,  cuando era presidente Jacques Chirac. El Tribunal alega que los nómadas residentes en «caravanas», en las afueras de la ciudad, no recibieron una propuesta «aceptable» de realojo. Apoyados por varias asociaciones, los gitanos y nómadas franceses han seguido viviendo en las mismas caravanas que la Justicia y el Estado se proponían desmantelar, a la espera de la sentencia, finalmente favorable a los nómadas y gitanos.

La sentencia del Tribunal europeo llega en un momento de tensión y confusión ante las políticas de desmantelamiento de campamentos y expulsiones de extranjeros en situación irregular del presidente Hollande y su ministro del Interior, Manuel Valls. Siguiendo la «doctrina» Sarkozy en la materia, el Ministerio francés no ordena la expulsión de ningún residente extranjero antes de agotarse todos los recursos legales. Cuando se agotan los recursos legales, el Ministerio del Interior ordena a la Prefectura la ejecución de las expulsiones de los ciudadanos y familias en situación irregular o ilegal, precedida del desmantelamiento de campamentos.

La política de Hollande y Valls suscita muchas reservas a la izquierda política, aunque es apoyada por una mayoría del PS y todas las derechas. Según un sondeo de Le Figaro, el 80 % de sus lectores apoyan las expulsiones consumadas recientemente por Valls. La sentencia del Tribunal europeo es la primera de un largo rosario de casos que datan de años atrás. Durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007 – 2012) las expulsiones de gitanos e inmigrantes en situación irregular suscitaron muchos debates nacionales y europeos. Durante el primer año y medio de la presidencia de François Hollande, Manuel Valls ha suavizado ligeramente las políticas de desmantelamiento de campamentos y expulsiones de extranjeros en situación irregular, agotando todos los procedimientos jurídicos, antes de ordenar la ejecución de las decisiones judiciales francesas.